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Representantes de Rosario Robles presentan queja por acciones ilegales y dolosas

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Notimex

CUIDAD DE MÉXICO.- Los abogados de Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir una recomendación al Estado mexicano para que cesen las acciones que mantienen en prisión preventiva a su clienta.

La queja, interpuesta por los abogados Julio Hernández Barros, Xavier Olea Trueheart y Magin Puig Monsen, destaca que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó con ilegalidad y de manera dolosa contra su clienta.

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La defensa destacó que el juez, quien además es sobrino de la política Dolores Padierna, en ausencia de pruebas violó la Constitución, leyes procesales y tratados internacionales, “cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal, decretó una detención ilegal”.

En un comunicado publicado por la defensa de Robles, se menciona que, al imponerle prisión preventiva, el juez violó el principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, “pues resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso concreto”.

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Ante estas anomalías, los abogados pidieron a la CIDH que se solicite al Estado aplicar medidas cautelares a Robles Berlanga, a fin de que terminen las acciones que la mantienen hoy en la cárcel.

También solicitaron que se considere la detención arbitraria de su clienta, ya que no existen datos de prueba que justifiquen una prisión preventiva.

“No cabe duda que estamos en una situación urgente, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y pueda materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal”, menciona la denuncia.

Los abogados además pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación de los derechos humanos de su clienta y conceder con la urgencia que el caso amerita medidas cautelares que se solicitan.

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