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Derecho humano al medio ambiente | Principios generales del procedimiento

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“La Ley Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas tiene por objeto de regular las actuaciones no jurisdiccionales de la administración pública que tiene por excepción la materia laboral, electoral, responsabilidad de los servidores públicos, fraccionamiento rurales y actuaciones del ministerio público”

Salvador Esaú Constantino Ruiz*

Los estudiosos del derecho o juristas han establecido que las actuaciones de las autoridades administrativas pueden ser sustantivas y adjetivas, entendiéndose por las primeras los elementos naturales de la relación jurídica entre los gobernados y las autoridades, en tanto las segundas las propias reglas para la regulación para poder hacer valer tales derechos u obligaciones dependiendo de la visión o esfera de que se trate.

Las actuaciones administrativas tienen la obligación de llevar una serie de actuaciones o elementos centrales que otorguen una seguridad o certeza en este caso jurídico al particular, en el sentido que este último pueda advertir o conocer las instancias de las propias acciones de la autoridad.

El Derecho Procesal lo podemos advertir de la siguiente manera: “Es el conjunto de conceptos ordenados y sistematizados”

Como se puede observar el concepto central de estudio se entiende como una serie de pasos, reglas, elementos que se deben llevar a cabo de una manera metódica con el objetivo de establecer una resolución por parte de un tercero.

El autor Octavio Alberto Orellano Wiarco, establece la siguiente definición:

“Es el conjunto de reglas o normas que señalan la manera de ejercitar derechos que se consideran tener, ante los órganos jurisdiccionales, a quienes corresponde la facultad de resolver sobre ese ejercicio.”

Ahora bien, el Proceso contiene los siguientes principios centrales:

  • Escrito u oral.
  • Ordinario o sumario.
  • Libertad de pruebas o restricción de pruebas.
  • Público o secreto.
  • Revisables o recurribles.
  • Materia especial.
  • Por grado; y
  • Territorio.

Cuando se está frente a una autoridad administrativa se puede denominar procedimiento en asuntos no jurisdiccionales, el concepto adecuado debe ser proceso contencioso en el caso de que la controversia la va a resolver un tribunal que es un órgano especializado jurisdiccional.

En el estado de Zacatecas existe una Ley denominada “Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas”, en la que tiene por objeto de regular las actuaciones no jurisdiccionales de la administración pública que tiene por excepción la materia laboral, electoral, responsabilidad de los servidores públicos, fraccionamiento rurales y actuaciones del ministerio público.

Dicho ordenamiento trata de regular las actuaciones de los entes públicos administrativos y les impone la obligación de que los actos deban cumplir con los siguientes extremos para que los actos se puedan catalogar como válidos, los cuales son los siguientes:

  • Constar por escrito con firma autógrafa.
  • Que se expida por órgano competente.
  • Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por el ordenamiento jurídico aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar.
  • Expedido sin que en la manifestación de la voluntad de la autoridad competente medie error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto, dolo, mala fe o violencia, y
  • Que no contravenga el interés general.

La ley en mención ha establecido los elementos antes señalados para que un acto sea considerado como valido que la autoridad emisora los lleve a cabo como un requisito de seguridad jurídica hacia al gobernado, sin los cuales su actuación puede considerarse o verse afectada de nulidad por parte del órgano revisor, lo podemos ilustrar con el rubro siguiente tesis:

“FIRMA AUTÓGRAFA. SU FALTA EN LAS PROMOCIONES PRESENTADAS A LAS AUTORIDADES FISCALES, CONSTITUYE UNA OMISIÓN QUE NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN O REQUERIMIENTO PARA SUBSANARLA” .

Los Procedimientos Administrativos deben cumplir no solamente con los elementos previamente citados en la ley estatal sino que además la obligación de la autoridad en un primer momento debe satisfacer las máximas Constitucionales establecidas en los numerales 14 y 16 para otorgar una seguridad jurídica al gobernado como un mandato de la Carta Magna hacía los entes públicos emisores.

 

*Licenciado en Derecho por la UAZ.

Doctor en Materia Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango campus Zacatecas.

Procurador de Protección al Ambiente en el Estado de Zacatecas.

Maestro de cátedra en el Tecnológico de Monterrey campus Zacatecas.

 

**Las opiniones plasmadas en las colaboraciones son responsabilidad de cada autor, así como su estilo de escritura. Ecodiario Zacatecas sólo es una plataforma digital para darlas a conocer a sus lectores.

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