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Corrupción arriesga el sistema democrático

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Ecodiario

ZACATECAS, ZAC.- Tras afirmar que la corrupción afecta con gran intensidad a todos los Estados contemporáneos, para el investigador español, Gerardo Ruiz Ricco el mayor conflicto que genera es el riesgo en el que pone al sistema democrático.

El director del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa y catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Jean, España, vertió sus análisis al dictar la conferencia magistral El Control Judicial de la Corrupción en el Estado Constitucional.

La disertación fue presentada a los integrantes del Poder Judicial de Zacatecas, ante quienes aseveró que “el fenómeno de la corrupción se ha convertido en un tema global que afecta a todos los estados contemporáneos con enorme intensidad y riesgo para un sistema democrático”.

Definió a la corrupción en el ámbito jurídico como “aquella actividad que permite obtener un beneficio ilícito mediante la violación de un marco normativo y que, dentro de un punto de vista ético, es una actuación contraria a los patrones morales y principios constitucionales fundamentales”.

“Las consecuencias directas y efectos colaterales de la corrupción son un riesgo para la democracia constitucional, ya que provoca una grave desafección de la ciudadanía, respecto de unas instituciones políticas basadas en el principio de representación y pone en peligro la sostenibilidad del modelo económico que rige una concreta realidad social”.

Ruiz Ricco resaltó que la corrupción afecta y se proyecta con mayor intensidad sobre los presupuestos constitucionales del Estado de Derecho. Especialmente al debilitar el principio de legalidad que debe inspirar siempre la actuación del conjunto de organismos y administraciones públicos.

El concepto constitucional del Estado Social de Derecho, como parámetro instrumental contra la corrupción, ha diseñado algunos dispositivos que permiten combatir el fenómeno de la corrupción, y en especial la versión política de ésta.

El especialista se refirió a la insuficiencia de los instrumentos punitivos o sancionatorios, pues en los procesos jurisdiccionales no resultan eficaces para contrarrestar y castigar los actos de corrupción.

Por lo anterior, señaló que la escasa capacidad de contención, desde instancias judiciales, ha evolucionado a la creación de códigos deontológicos, pues la respuesta más efectiva para combatir la corrupción no siempre procede del derecho, en general incapaz de atajar definitivamente el problema.

“Se puede hacer frente a la degradación de la vida política y la inmoralidad de quienes la lideran socialmente mediante la creación de unos códigos de conducta o comportamiento institucional”, aseguró.

Al explicarlo refirió la confección de una deontología precisa de obligaciones, que -situadas en el plano de la ética- conlleven igualmente efectos en la esfera jurídica y sancionatoria”.

En este combate a la corrupción situó como prioritaria la separación de poderes, pues “en un régimen constitucional, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial deben ser una consecuencia” que dé autonomía “orgánica” a Jueces y Magistrados, que les garanticen el libre ejercicio de la potestad jurisdiccional.

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