Opinión

Contracorriente | Objetores de conciencia

• Bookmarks: 9


“La objeción de conciencia se puede definir como el incumplimiento de una obligación legal y de naturaleza personal, cuya realización produciría en el individuo una lesión grave de la propia conciencia o de las creencias profesadas” – Raúl González Schmal.

Gerardo Salmón Gómez*

En esta ocasión me permito tocar un tema del cual me surgió interés a partir de debates constantes en la sociedad, que a mi entender seguiremos escuchando con mucha frecuencia por la profunda carga emocional que conllevan, los movimientos sociales que se han formado en su entorno y la presencia de dogmas principalmente religiosos que pujan por mantener el status quo. Me refiero a la objeción de conciencia, cuyo análisis voy a limitar respecto a procedimientos médicos con la interrupción legal del embarazo (aborto) y el caso de la eutanasia.

Primero, desde una perspectiva legal, la libertad de conciencia se puede enunciar como derecho fundamental vigente en el artículo 24 de nuestra Constitución, por lo cual cuenta con pleno reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico y que, atendiendo a los controles de constitucionalidad y convencionalidad, toda autoridad está obligada a su observancia. Es decir, en palabras de la doctora María José Ciáurriz (Universidad de Navarra), la objeción de conciencia es una de las más notorias concreciones del derecho de la libertad de conciencia.

Por otro lado, en un aspecto semántico, objeción se define según la RAE como “razón que se propone o dificultad que se presenta en contra de una opinión o designio, o para impugnar una proposición”, a su vez, conciencia significa “sentido moral o ético propios de una persona”. Así, conjuntamente resultan las palabras en una negación o abstención ante una proposición normativa, motivada por el sentido moral de una persona, agregando que esa motivación deviene generalmente por una formación religiosa específica.

La objeción de conciencia puede exteriorizarse en distintas situaciones jurídicas, las más significativas son en la prestación del servicio militar, en el aborto, sobre la implementación de tratamientos médicos, en el ámbito fiscal, en las relaciones laborales, entre algunas otras. Sin embargo, como ya lo había adelantado, me centraré en el aborto y la eutanasia.

Respecto al aborto, la objeción de conciencia se presenta como la negativa a ejecutar o cooperar directa o indirectamente en la realización de prácticas abortivas. La motivación puede originarse en la convicción de una afectación a los usos deontológicos de una profesión o de creencias religiosas. Independientemente del constante debate científico y filosófico que se ha suscitado respecto al aborto en los últimos años, es claro que para el derecho canónico y eclesiástico se trata de un ilícito moral ante la supresión de una vida humana inocente; por lo que al amparo del texto del artículo 24 constitucional ya referido, la negación a la práctica de este procedimiento médico debe ser considerada completamente válida cuando así lo alegue el profesional de la medicina que se trate.

En el segundo caso, existe la disyuntiva sobre la rectitud de practicar eutanasia a personas en situaciones de desahucio por enfermedades terminales. La solución, hasta el momento, es la eutanasia pasiva en nuestro sistema jurídico. A este respecto, cabe señalar que la eutanasia tiene un origen griego que significa “buena muerte”. Actualmente se puede definir como “muerte sin sufrimiento o el acortamiento voluntario de la vida para quien sufre una enfermedad sin cura”. En México se permite la eutanasia pasiva, que consiste en la aplicación de medidas básicas sanitarias y atenciones médicas estrictamente necesarias para acompañar a un enfermo terminal dignamente hasta el momento de su muerte, evitando con esto la obstinación médica. Para tal fin es necesaria la suscripción de un documento o formato de voluntad anticipada, según sea el caso previsto por las leyes locales, para la declaración de los tratamientos médicos a los que acepte o no someterse un paciente y la disposición de sus órganos para después de la muerte. Respecto a este caso, me parece que no podría ser válida una negación por parte del personal médico, ya que la regulación vigente no prevé medios ni procedimientos activos que generen o provoquen la muerte de un paciente.

Por esto, se concluye que la objeción de conciencia es un derecho reconocido por la Constitución y que a mi parecer, al resultar evidente que por ejemplo, en los próximos años se eliminen penas y sanciones al aborto, existirán personas que invoquen estos argumentos en diversos casos.

*Zacatecano; estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana Ciudad de México; asociado fundador de Alianza Juvenil por la Sostenibilidad, A.C.

Contacto: gersalmon29@gmail.com

Twitter: Gerardo Salmón G  | AJUVES

Facebook: AJUVES

9 recomendaciones
102 views
bookmark icon