Opinión

Contracorriente | Aterrizaje forzoso en la Suprema Corte

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Gerardo Salmón Gómez *

Cuando el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León asumió su cargo en 1994, una de sus primeras acciones fue impulsar una modificación sustancial al Poder Judicial de la Federación: se creó el Consejo de la Judicatura Federal, se colocaron bases para el fortalecimiento de la carrera judicial, pero sobre todo se pugnó por una renovada Suprema Corte de Justicia, afianzándose como un tribunal constitucional. Anteriormente había 21 ministros numerarios y cinco ministros supernumerarios con cargos vitalicios. Se redujo a 11 el número de ministros con un periodo improrrogable de 15 años en el cargo, salvo el caso de los primeros ministros designados a la luz de esta reforma, pues con la intención de establecer periodos escalonados entre ellos, fueron electos para periodos de ocho, 11, 14, 17, y hasta 20 años como sucedió en el caso de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Desde su conformación actual, a través de esa reforma constitucional de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había sufrido una dimisión como la que presenciamos el pasado jueves con el caso del ministro Eduardo Medina-Mora, quien sorpresivamente envió al presidente López Obrador su carta de renuncia que, previo a ser aceptada por él, pasó a conocimiento de la Cámara de Senadores, cuyos integrantes este martes aprobaron dicha renuncia por una abrumadora mayoría de 111 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, en términos del artículo 98 de la Constitución.

La renuncia del ministro Medina-Mora se ha atribuido a la investigación por lavado de dinero que inició en su contra la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda; sin embargo, esto es algo que no ha quedado debidamente esclarecido, pues como establece el 98 constitucional, las renuncias de un ministro solamente procederán por causas graves y, en este caso, todo apunta a que esto no fue debidamente expresado en la carta de renuncia, pues incluso el disidente ministro se negó a comparecer ante los Senadores para explicar los motivos que lo obligan a dejar el cargo, algo que la Cámara Alta pasó por alto y sin mayor detenimiento ni análisis dio trámite al asunto en Pleno. Bajo este razonamiento sería bueno aclarar que la norma constitucional tampoco prevé una consecuencia inmediata la omisión de plantear y justificar una “causa grave”. Resulta aún más complicada de entender esta decisión, sabiendo que al ministro le restaban 11 años en el cargo.

No tuvieron que pasar demasiadas horas para que empezaran a surgir nombres de posibles candidatos a ocupar la vacante, por lo general opciones muy obvias por la cercanía de estos abogados con el presidente y el grupo que dirige actualmente la política de nuestro país. Se ha mencionado en diversos medios de comunicación a juristas como Javier Quijano, abogado del presidente López Obrador en el famoso proceso de desafuero y de la periodista Carmen Aristegui contra MVS; Bernardo Bátiz, procurador General de Justicia del entonces Distrito Federal cuando el presidente fue Jefe de Gobierno; abogadas como Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya, quienes ya fueron propuestas en dos ocasiones a la Corte este año, aunque por ejemplo, en el caso de la primera, se menciona que será Consejera de la Judicatura Federal; un sector progresista pedía a la doctora Leticia Bonifaz, quien ya expresó que no es su intención ocupar el cargo; Felipe Borrego Estrada que hizo un espléndido trabajo en Consejo de la Judicatura Federal, tocando fibras sensibles cuando destapó el latente problema de nepotismo en el Poder Judicial de la Federación y, además es un abogado cercano al líder del Senado.

En conclusión, será muy interesante analizar la terna que será enviada en días próximos, la forma en la que se desarrollarán las comparecencias de los candidatos y el debate de la fuerzas políticas del Senado, pues la preocupación de muchos abogados y actores políticos reside en la influencia que puede tener el Poder Ejecutivo en las determinaciones de la Suprema Corte, ya que en situaciones concretas como la declaración general de inconstitucionalidad que requieren el voto de una mayoría calificada de ocho ministros para invalidar una norma, se volvería clave esa supuesta influencia. El próximo relevo se dará en 2021.

*Zacatecano; estudiante de Derecho en la Universidad Panamericana Ciudad de México; asociado fundador de Alianza Juvenil por la Sostenibilidad, A.C.

Contacto: gersalmon29@gmail.com

Twitter: Gerardo Salmón G  | AJUVES

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